LA BATALLA CULTURAL

En los últimos días, la expresión “batalla cultural” se debate con frecuencia en las discusiones políticas y sociales. Se habla de ella en medios de comunicación, en las redes sociales, en las universidades y en los escenarios donde se enfrentan distintas concepciones de la sociedad. Bajo esta denominación se agrupan controversias sobre la familia, la educación, la religión, la libertad individual, la igualdad, las tradiciones, la identidad y el papel del Estado.

En términos generales, la batalla cultural enfrenta dos principales contendientes: por un lado, la Derecha o Nueva derecha y, por otro, La Izquierda o el Progresismo. Ninguna de ellas constituye un bloque uniforme. Dentro de cada corriente existen diferencias, matices y posiciones que no siempre coinciden. Sin embargo, ambas comparten una aspiración: conseguir que sus ideas, valores y principios influyan en la manera como una sociedad interpreta el mundo y organiza su vida colectiva.

La cultura, escenario del poder

La disputa por las ideas no es nueva. A lo largo de la historia, diferentes grupos sociales, políticos y religiosos han intentado influir en las creencias, las costumbres y los valores de sus comunidades. Lo que parece distinguir al momento actual es la intensidad de estas confrontaciones y su presencia permanente en la comunicación pública, especialmente en las redes sociales.

El filósofo italiano Antonio Gramsci reflexionó sobre la relación entre cultura y poder. Su concepto de hegemonía permite comprender que el poder no se ejerce únicamente mediante las instituciones políticas, la economía o la fuerza. También se manifiesta en la capacidad de influir sobre aquello que una sociedad considera normal, aceptable, verdadero o deseable. Es decir, se plantea como una lucha ideológica para “transformar el sentido común”.

Desde esta perspectiva, la batalla cultural tiene una explicación: quienes creen que sus principios son necesarios para transformar la sociedad, o para preservar aquello que consideran valioso, procuran extender su influencia. Unos defienden determinadas tradiciones, formas de organización social y concepciones de la libertad; otros promueven cambios relacionados con la igualdad, los derechos individuales y el reconocimiento de grupos históricamente excluidos.

El problema no está, por tanto, en que existan diferencias ideológicas ni en que cada corriente quiera convencer a los demás. La pluralidad de ideas es propia de una sociedad libre. La dificultad aparece cuando convencer deja de ser suficiente y surge la pretensión de silenciar al adversario, descalificarlo como enemigo o impedirle participar en la discusión pública.

Ahora bien, la palabra batalla supone un enfrentamiento en el que cada parte procura vencer a la otra. Aplicada a la cultura, puede convertir el debate de ideas en una competencia por el control de la educación, los medios de comunicación, las instituciones y hasta el lenguaje cotidiano (el relato, la narrativa).

Pero ¿es inevitable que la sociedad se organice alrededor de esta confrontación?

Las diferencias culturales y políticas son inevitables en una comunidad plural. También lo es la necesidad de discutirlas. Lo que no resulta inevitable es convertir toda discrepancia en una guerra entre dos bandos irreconciliables, razón última de la creciente polarización social.

Una sociedad democrática necesita ciudadanos capaces de defender sus convicciones, cuestionar las ideas dominantes y proponer cambios. Sin esa posibilidad, la cultura se estanca y el pensamiento pierde su capacidad crítica. Sin embargo, también necesita reconocer que ninguna corriente posee el monopolio de la verdad ni representa, por sí sola, todas las aspiraciones de la ciudadanía.

Por eso, mi planteamiento consiste en examinar la justificación y los límites de la batalla cultural. Si se entiende como una confrontación de argumentos, valores y propuestas dentro de las reglas democráticas, puede ser una expresión legítima de la libertad. Si se convierte en una lucha por imponer una doctrina mediante la intimidación, la censura arbitraria, la persecución o el desconocimiento de los derechos ajenos, deja de ser un ejercicio de pluralismo.

La diferencia es fundamental: una cosa es disputar la influencia cultural y otra muy distinta es arrogarse el derecho de someter a toda la sociedad a una determinada visión del mundo.

La política y las causas sociales

Las causas sociales tienen una fuerza particular porque conectan la política con las preocupaciones, las aspiraciones y, en ocasiones, los sufrimientos de la gente. La lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos de las mujeres, la protección de las minorías, la seguridad ciudadana, la libertad religiosa o la defensa de la familia son asuntos importantes para la sociedad. Movilizan sentimientos, generan adhesiones y despiertan expectativas de cambio.

Por esta razón, los partidos y los movimientos políticos procuran vincularse con determinadas causas. Al hacerlo, pueden contribuir a visibilizar problemas reales, promover reformas y representar a sectores que no encuentran suficiente respuesta en las instituciones. Sin embargo, también pueden utilizar esas causas como instrumentos para conquistar electores, consolidar su identidad y obtener ventajas frente a sus adversarios.

La ciencia política ha estudiado este fenómeno mediante conceptos como la apropiación de temas o la competencia por la agenda pública. Los partidos tienden a destacar aquellos asuntos en los que consideran que tienen mayor credibilidad o que les permiten diferenciarse de sus competidores. Así, una causa social puede convertirse tanto en una propuesta de solución como en una bandera de confrontación electoral. El riesgo aparece cuando la defensa de una causa deja de estar orientada principalmente a resolver el problema y pasa a servir, para fortalecer una posición de poder. En esas circunstancias, el adversario ya no es simplemente alguien que discrepa sobre los medios o las soluciones, sino alguien a quien se le atribuyen intenciones moralmente inaceptables. La discusión se desplaza entonces desde las propuestas concretas hacia la descalificación de quienes piensan diferente.

Este mecanismo no es exclusivo de una corriente ideológica. Puede presentarse tanto en la izquierda como en la derecha. Un sector puede utilizar la defensa de la igualdad para descalificar cualquier cuestionamiento a sus propuestas; otro puede invocar la tradición, la seguridad o la libertad para eludir una discusión seria sobre los efectos de sus decisiones.

Por eso, conviene distinguir entre la defensa genuina de una causa y su utilización como instrumento de poder. Las causas sociales merecen ser evaluadas por sus fundamentos, sus resultados y su contribución al bienestar colectivo, no únicamente por la identidad política de quienes las pregonan. De lo contrario, corremos el riesgo de que los problemas de la sociedad terminen convertidos en recursos permanentes para alimentar la confrontación.

Conciencia social y controversia política

Es importante reconocer que la preocupación por la discriminación y la defensa de la dignidad humana no pertenecen en exclusiva a una ideología. Constituyen asuntos que pueden discutirse desde distintas tradiciones políticas y filosóficas. El debate comienza cuando surgen desacuerdos sobre cómo interpretar las desigualdades, qué medidas adoptar para corregirlas y hasta dónde deben llegar las exigencias de inclusión.

Dentro de la batalla cultural contemporánea, pocas expresiones han suscitado tanta discusión como el wokismo (de wake en inglés, despertar). Los defensores de las corrientes asociadas con la cultura woke suelen destacar la necesidad de hacer visibles prejuicios y formas de exclusión que, a su juicio, han sido ignorados o normalizados durante mucho tiempo. Sus críticos, por su parte, cuestionan las interpretaciones de la identidad, las exigencias de conformidad ideológica y las prácticas que consideran restrictivas de la libertad de expresión o del debate abierto.

Estas diferencias no deben resolverse mediante etiquetas que sustituyan los argumentos. Cada propuesta merece un examen específico de sus objetivos, sus métodos y sus consecuencias.

El problema aparece cuando una reivindicación legítima se convierte en una exigencia de adhesión incuestionable, o cuando el desacuerdo se interpreta automáticamente como prueba de maldad, ignorancia o complicidad con una injusticia. Si esto ocurre, el propósito de ampliar la inclusión puede terminar enfrentándose con otro principio fundamental del sistema democrático: el derecho de las personas a expresar sus ideas, cuestionar los argumentos dominantes y participar libremente en la discusión pública.

Pero la reacción contra la cultura woke también puede caer en el mismo error cuando utiliza el término como una etiqueta general para desacreditar cualquier reivindicación de igualdad o cualquier cambio cultural. En ese caso, la crítica deja de examinar propuestas concretas y se convierte en una herramienta de confrontación ideológica.

La cuestión de fondo, por tanto, no consiste en decidir de antemano si una corriente merece aprobación o rechazo. Consiste en establecer si sus planteamientos pueden defenderse y discutirse dentro de un marco de libertad, respeto por los derechos fundamentales y cumplimiento de la Constitución y la ley.

Una sociedad democrática debe poder combatir la discriminación sin imponer una ortodoxia cultural, del mismo modo que debe poder cuestionar las ideas progresistas sin convertir esa crítica en una justificación para discriminar. El respeto por la dignidad humana y la libertad de pensamiento no deberían presentarse como principios necesariamente incompatibles.

La Constitución y la ley como límites comunes

Toda democracia necesita reglas que permitan convivir a personas que piensan de manera diferente. La Constitución y la ley cumplen, entre otras, esa función: establecen derechos, distribuyen competencias y fijan límites al ejercicio del poder.

Ninguna ideología debería considerarse autorizada a desconocer esos límites por creer que persigue una causa superior. Este principio exige coherencia tanto a la derecha como a la izquierda. Quienes defienden la tradición, la autoridad o determinados valores morales deben aceptar que otros ciudadanos tienen derecho a cuestionarlos. Quienes promueven reformas sociales, nuevas libertades o transformaciones culturales deben reconocer, igualmente, que sus objetivos no los eximen del cumplimiento de las normas.

Esto no significa que la ley sea intocable ni que todas las normas existentes sean justas. Las leyes pueden y deben ser cuestionadas, reformadas o derogadas mediante los procedimientos correspondientes. La propia democracia ofrece mecanismos para promover esos cambios. Precisamente por eso, defender una transformación legal no equivale a tener derecho a imponerla por cualquier medio.

El adversario no tiene que convertirse en enemigo

El filósofo Karl Popper, en su obra La sociedad abierta y sus enemigos, examinó las dificultades que enfrenta una sociedad cuando intenta preservar la tolerancia frente a quienes buscan destruirla. Su reflexión sobre la paradoja de la tolerancia invita a considerar que una sociedad abierta necesita defender sus condiciones de libertad.

Esta idea también permite establecer una distinción importante: tolerar las diferencias no obliga a aceptar la violencia, la persecución o la eliminación de los derechos de los demás. Pero defender la democracia tampoco autoriza a calificar de antidemocrática cualquier opinión contraria a nuestras convicciones.

El reto consiste en identificar cuándo estamos ante una discrepancia legítima y cuándo se pretende vulnerar las condiciones que hacen posible la convivencia. Para ello se necesitan argumentos, pruebas, instituciones independientes y garantías jurídicas, no simples acusaciones lanzadas desde una trinchera ideológica.

En este sentido, la batalla cultural debería servir para ampliar la discusión pública, no para clausurarla. El propósito de participar en ella tendría que ser convencer mediante razones, persuadir con propuestas y contribuir a la construcción de una sociedad en la que las diferencias puedan expresarse sin miedo.

Una democracia madura no exige que sus ciudadanos piensen igual. Exige que reconozcan la legitimidad de los demás para pensar de otra manera y que acepten unas reglas comunes para resolver sus desacuerdos.

La llamada batalla cultural es una realidad de nuestro tiempo, pero su existencia no debe convertirse en el principio organizador de la vida social. Antes de aceptar la polarización como inevitable, conviene preguntarse qué se pretende defender, mediante qué procedimientos y con cuáles consecuencias para la convivencia.

Defender las ideas propias es legítimo. Intentar transformar las costumbres, cuestionar las tradiciones o preservar determinados valores también puede serlo. La libertad cultural incluye el derecho a discrepar, a persuadir y a promover cambios. Pero esa libertad no puede convertirse en una autorización para desconocer los derechos ajenos ni para situar una ideología por encima de las instituciones democráticas.

El camino correcto consiste en establecer qué reglas deben respetar todos los participantes, independientemente de sus convicciones. Esta perspectiva no elimina el conflicto ni pretende alcanzar una unanimidad imposible. Busca impedir que las diferencias legítimas terminen destruyendo las condiciones que permiten expresarlas.

Para finalizar: una sociedad libre no es aquella en la que una ideología consigue imponerse definitivamente sobre las demás. Es aquella en la que ninguna ideología tiene el poder de impedir que las otras existan, se expresen y compitan por el respaldo de los ciudadanos dentro del orden constitucional.

La verdadera medida de una cultura democrática no debería ser la victoria de una corriente sobre su contraria, sino la capacidad de ambas para defender sus ideas sin destruir las libertades que hacen posible el debate.