LA INMIGRACIÓN EN EL SIGLO XXI: POLÍTICAS Y DILEMAS ÉTICOS

La inmigración se ha convertido en uno de los fenómenos sociales más relevantes de la actualidad. Aunque migrar ha sido siempre parte de la historia de la humanidad, hoy adquiere nuevas dimensiones debido a conflictos armados, crisis económicas, regímenes autoritarios, desigualdad global, y cada vez más, el impacto del cambio climático.

Hablar de inmigración exige ir más allá del discurso emocional o ideológico y revisar políticas concretas, consecuencias reales y discursos incómodos.  Veamos entonces, los ejemplos de Europa, Estados Unidos, y América Latina, particularmente Colombia frente a la migración venezolana de los últimos años.

Europa enfrenta un problema estructural: una población envejecida y una natalidad insuficiente (problema que parece extenderse globalmente). Países como Alemania, Francia, España o Portugal han promovido políticas migratorias orientadas a atraer trabajadores, tanto cualificados como no cualificados, prácticamente para todos los sectores de la productividad (salud, construcción, servicios, tecnología). Tras la crisis migratoria de 2015 (personas de Oriente Medio y del Norte de África) la Unión Europea reforzó mecanismos de asilo y protección humanitaria, aunque en medio de fuertes tensiones internas. Aun así, el consenso académico y técnico es claro: sin la inmigración apropiada, el modelo económico es insostenible (el ejemplo de las pensiones para la población mayor lo muestra con claridad).

En cuanto a Estados Unidos, la inmigración es un hecho histórico establecido: se trata de una nación construida por inmigrantes. Sin embargo, el debate contemporáneo sobre el tema se ha vuelto especialmente polarizado. Bajo el gobierno actual de Donald Trump, la lucha contra la inmigración ilegal se convirtió en uno de los ejes centrales del discurso político, acompañado de medidas como la construcción del muro fronterizo, restricciones al asilo y una retórica de “ley y orden”. Medidas que, sumadas a la irrupción de grupos policiales (ICE) de búsqueda y represión a veces violenta de los inmigrantes, contribuyen a una división palpable y peligrosa de la sociedad norteamericana.

Si bien toda nación tiene el derecho de controlar sus fronteras, estas políticas vienen acompañadas de un discurso estigmatizante que asocia sistemáticamente la inmigración (especialmente latinoamericana) con criminalidad y amenaza cultural. Esta narrativa, presentada como una defensa de la legalidad, es vista por muchos como una forma velada de racismo en la cual el problema no es solo una irregularidad administrativa, sino el origen étnico y social de los migrantes.

La paradoja del rechazo al inmigrante es evidente: mientras se endurece el discurso político, la economía continúa dependiendo de la mano de obra migrante en sectores clave, dando como resultado una brecha entre la realidad económica y el relato político.

Colombia ofrece uno de los ejemplos más significativos de la región. La llegada de millones de venezolanos en la última década ha supuesto un desafío enorme para un país con limitaciones estructurales, pero también ha generado una respuesta destacable.

El Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (gobierno Duque) es una política reconocida internacionalmente, ya que busca regularizar, integrar y garantizar derechos básicos a los migrantes. Este enfoque ha demostrado que la regularización no es solo un gesto humanitario, sino una estrategia para reducir la informalidad, mejorar la seguridad y facilitar la cohesión social, evitando la marginalización y la criminalización del migrante.

Uno de los errores más frecuentes en el debate público es equiparar inmigración irregular (o ilegal) con criminalidad. En la mayoría de los estados democráticos, migrar sin documentos no constituye un delito penal sino una infracción administrativa. Otra cosa distinta son los delitos asociados a la inmigración irregular, como la trata de personas, el tráfico de migrantes, o la delincuencia común (violaciones, atracos, asesinatos), que deben ser combatidos con severidad.

Criminalizar al migrante solo por su estatus legal contribuye más a la exclusión social, a la arbitrariedad, y al agravamiento del problema más que a la solución.

La inmigración no es una anomalía histórica, sino más bien, una constante. Mientras exista una luz más allá de las fronteras, las personas seguirán migrando. El verdadero desafío no es detener el movimiento humano, sino administrarlo con responsabilidad, realismo y respeto por la dignidad humana.